Estudios Sociales
Año 57, Vol. XLVIII, número 171
Enero-junio 2025
Impacto del trabajo social en la prevención del acoso sexual escolar: un análisis en un centro educativo de la República Dominicana
Impact of Social Work on the Prevention of School
Sexual Harassment: An Analysis in an Educational Center in the Dominican Republic
Impact du travail social dans la prévention du harcèlement sexuel scolaire: Une analyse dans un établissement éducatif en République Dominicaine
Jerson Mateo Taveras*
Resumen
Este artículo analiza la contribución del trabajo social a la prevención del acoso sexual en un centro educativo de la República Dominicana. A través de un enfoque cualitativo,
* Trabajador social/investigador, jeronrepdom@hotmail.com y https://orcid.org/0009-0005-9111-3469J. Posee dos maestrías: una en Investigación Científica y otra en Gestión de Proyectos. Complementa su formación con varios diplomados en áreas como Gestión Ambiental Comunitaria, Liderazgo y Gerencia Política, y Facilitación de la Formación Docente, entre otros. Es experto en igualdad y equidad de género, con amplia experiencia en supervisión, diseño, ejecución y evaluación de proyectos, así como en manejo de conflictos y gestión de equipos multidisciplinarios. Actualmente, Jerson es encargado de Inserción Laboral en la Fundación Sur Futuro, donde facilita la inserción laboral de jóvenes en conflicto con la ley. Anteriormente, trabajó como Analista de Datos en la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) y como director ejecutivo en la Red Dominicana de Turismo Rural. Ha asesorado tesis en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y participado en la elaboración de Planes Municipales de Desarrollo en diversas localidades. Además, es docente del Diplomado en Trabajo Social en la Primera Infancia en la UASD. También se ha desempeñado como trabajador social en hospitales y como consultor en distintas organizaciones. Su enfoque ha estado siempre en mejorar la calidad de vida de las personas, mediante la promoción de la formación, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos.
se examinaron las estrategias de intervención, barreras institucionales y la eficacia de las políticas actuales. Los resultados muestran que esta problemática es un fenómeno recurrente que afecta a ambos sexos, sin embargo, es a las adolescentes tienden a observarse con mayor frecuencia, con manifestaciones como insinuaciones verbales, contacto físico no consentido y acoso en línea. Además, se detecta una relación alarmante entre la violencia sexual y el embarazo adolescente. La carencia de procedimientos y la tolerancia hacia estas conductas reducen la capacidad de respuesta institucional. Este estudio destaca la necesidad de fortalecer la capacitación docente, instituir canales de reclamaciones confidenciales y promover la educación en equidad de género. También subraya el rol de los profesionales del trabajo social en la prevención y atención de estos casos mediante la promoción de redes de apoyo e intervenciones comunitarias eficientes. Palabras clave: Trabajo social educativo, acoso sexual escolar, políticas de prevención, protección infantil, República Dominicana.
Summary
This article analyzes the role of Social Work in the prevention of sexual harassment in an educational center in the Dominican Republic. Through a qualitative approach, intervention strategies, institutional barriers, and the effectiveness of current policies are examined. The results show that this issue is a frequent phenomenon, primarily affecting adolescent girls, with manifestations ranging from verbal insinuations, nonconsensual physical contact, and online harassment. Furthermore, an alarming relationship is detected between sexual violence and adolescent pregnancy. The lack of protocols and the normalization of these behaviors limit the institutional response. The study highlights the need to strengthen teacher training, establish confidential reporting mechanisms, and promote education in gender equity. It also underscores the role of Social Work in the prevention and care of these cases, fostering support networks and community strategies to ensure effective intervention.
Keywords: Educational Social Work, school sexual harassment, prevention policies, child protection, Dominican Republic.
Résumé
Cet article analyse le rôle du travail social dans la prévention du harcèlement sexuel dans un centre éducatif en République Dominicaine. À travers une approche qualitative, les stratégies d”intervention, les barrières institutionnelles et l”efficacité des politiques actuelles sont examinées. Les résultats montrent que ce problème est un phénomène fréquent, affectant principalement les adolescentes, avec des manifestations allant des insinuations verbales, du contact physique non consenti et du harcèlement en ligne. De plus, une relation alarmante est détectée entre la violence sexuelle et la grossesse chez les adolescentes. Le manque de protocoles et la normalisation de ces comportements limitent la réponse institutionnelle. L”étude souligne la nécessité de renforcer la formation des enseignants, d”établir des mécanismes de dénonciation confidentiels et de promouvoir l”éducation à l”égalité des genres. Elle met également en évidence le rôle du travail social dans la prévention et la prise en charge de ces cas, en favorisant des réseaux de soutien et des stratégies communautaires pour garantir une intervention efficace.
Mots-clés: Travail social éducatif, harcèlement sexuel scolaire, politiques de prévention, protection de l”enfance, République Dominicaine.
Introducción
El acoso sexual en las instituciones educativas se entiende como cualquier conducta de índole sexual no consentida que compromete el bienestar psicosocial de las víctimas.[1] Estas pueden presentar deterioro en su rendimiento académico, trastornos de ansiedad o depresión, y dificultades de integración social. Esta problemática representa una seria vulneración de los derechos de la infancia y la adolescencia, en particular de las niñas y las adolescentes. Para enfrentarla, se requiere la implementación de estrategias que incluyan educación en valores, género, fortalecimiento de redes de apoyo, y modelos institucionales de respuesta eficaces mediante la prevención y la mitigación.[2]
En la República Dominicana, la incidencia del hostigamiento sexual en los entornos escolares demuestra la necesidad de desarrollar esfuerzos coordinados desde los ámbitos legal, educativo y del trabajo social. Esta última disciplina cuenta con el cuerpo teórico-práctico para intervenir en estos casos y promover la protección de niños, niñas y adolescentes, ya que brinda acompañamiento a las víctimas y define estrategias de prevención dentro de las escuelas.[3]
Desde sus orígenes, el trabajo social ha sido un abanderado en la defensa de los derechos de los grupos más vulnerables y en el impulso de políticas de protección. Su intervención trasciende la asistencia directa, ya que procura garantizar el acceso de los sectores más desfavorecidos a recursos básicos y contribuye a reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.[4]
Con el paso del tiempo, el trabajo social ha evolucionado jun to al desarrollo de los derechos humanos, adaptándose a los cambios históricos y contextuales. Su impacto se manifiesta en la gestión de servicios sociales, las transformaciones sociales y en desarrollo comunitario, con acciones orientadas a fortalecer la seguridad y el bienestar de las poblaciones en situación de riesgo, en favor de una sociedad más equitativa.[5]
En este contexto, el objetivo del estudio fue analizar la incidencia del trabajo social en la prevención del abuso sexual en el entorno escolar y en la protección de los derechos de las estudiantes. Mediante un enfoque cualitativo, se examinaron las estrategias aplicadas en un centro educativo y se evaluó su efectividad en la identificación y mitigación de esta problemática.
Asimismo, se analizaron los mecanismos institucionales disponibles para denunciar casos de acoso y la respuesta brindada por las autoridades ante estas situaciones. La investigación permitió identificar obstáculos relevantes que dificultan la implementación de políticas de prevención y atención, como la falta de regulaciones, el acceso limitado a servicios psicosociales y la persistente desinformación sobre educación sexual y derechos estudiantiles.[6]
Para fomentar una cultura de respeto e igualdad en las escuelas, es necesario que las instituciones educativas, los profesionales del trabajo social y la comunidad actúen de manera coordinada. Solo mediante este compromiso colectivo será posible erradicar la violencia de género y garantizar un entorno escolar libre de acoso y discriminación.
El Trabajo Social no solo brinda apoyo y acompañamiento a las víctimas de conductas sexuales inadecuadas, en el entorno escolar, sino que también tiene una participación determinante en la prevención. Su intervención abarca el diseño e implementación de acciones dirigidas a transformar las estructuras institucionales que reproducen estas problemáticas. En este sentido, el o la profesional del área se convierte en un agente clave, tanto en la promoción de la inclusión social como en la construcción de entornos seguros.
La violencia de género responde a una estructura social arraigada en el patriarcado y en la estandarización de estereotipos que perpetúan la desigualdad entre los géneros.[7] Por esta razón, la intervención del Trabajo Social en el ámbito escolar debe ser multidimensional, ya que debe combinar el acompañamiento a las víctimas con la implementación de cambios estructurales en la cultura institucional que permitan reducir estas brechas.
Mediante programas de formación, plan de actuación y redes de apoyo institucional, el trabajo social ha asumido una función protagónica en la prevención de la violencia escolar. Su intervención propicia la creación de espacios de diálogo, la capacitación del personal docente y la sensibilización de la comunidad escolar en torno a la violencia de género y la cultura del consentimiento.[8]
A pesar de los esfuerzos institucionales para frenar los comportamientos sexuales inapropiados en las escuelas, la ausencia de reglamentos explícitos y procedimientos eficaces para gestionar las denuncias sigue siendo un obstáculo relevante. Esta falta normativa genera una permisividad implícita que favorece la impunidad y compromete la seguridad e integridad del estudiantado. El problema se agrava en contextos donde los recursos destinados a la prevención y atención son insuficientes.
Ante este panorama, la erradicación del acoso sexual escolar exige la implementación de estrategias estructuradas que combinen marcos normativos bien definidos, procesos forma tivos en valores y redes de apoyo sólidas. La ausencia de instrucciones operativas, sumada a la tolerancia social frente a estas conductas, genera un clima institucional poco receptivo a la intervención oportuna, lo que perpetúa la problemática.
Estudios previos han corroborado que la falta de regulación y de respuesta institucional no solo perpetúa la violencia de género en los espacios educativos, sino que además genera una percepción de tolerancia hacia estas prácticas dentro de la comunidad escolar.[9] Para erradicar estas prácticas, resulta indispensable diseñar políticas multidimensionales que promuevan la educación en igualdad y aseguren entornos seguros para todo el estudiantado, sin distinción de género.
Por tanto, se precisa fortalecer los programas educativos orientados a la equidad de género, con el fin de transformar las dinámicas escolares y prevenir situaciones de acoso. Una estrategia relevante consiste en implementar sistemas de denuncia anónimos y accesibles, que permitan a las personas afectadas reportar sin temor a represalias y faciliten una actuación institucional oportuna y efectiva.
Trabajo social escolar
El trabajo social escolar cumple una labor preponderante y necesario en la prevención y gestión de situaciones de connotación sexual no consentida en los centros educativos. Su intervención se articula en tres ejes principales: detección temprana, acompañamiento a las personas afectadas y promoción de políticas sistemáticas de protección.[10]
Desde una perspectiva sistémica, se aborda no solo la atención de casos individuales, sino que se diseñan intervenciones comunitarias para modificar patrones culturales que normalizan la violencia de género y perpetúan la desigualdad.
Sin embargo, la capacidad de acción del personal de psicología y orientación se ve limitada por la falta de planes de acción concretos, la escasa capacitación del personal docente y administrativo en prevención del acoso, y la ausencia de profesionales del trabajo social en las escuelas.
Asimismo, la intervención en las comunidades enfrenta el desafío de desmontar patrones culturales naturalizados que minimizan la gravedad del problema y trasladan la responsabilidad a quienes han sido víctimas, en lugar de a quienes ejercen el acoso. Diversos estudios han demostrado que la falta de educación en temas de género y consentimiento agrava esta situación y contribuye a la impunidad en los casos de acoso escolar.[11]
En las escuelas, es imprescindible contar con espacios protegidos que brinden apoyo sin temor a juicios ni estigmatización, con el fin de fomentar la denuncia y prevenir la revictimización. La creación de estos espacios debe estar acompañada de la articulación con redes de apoyo que integren tanto a organizaciones gubernamentales como no gubernamentales, con el fin de facilitar una atención interdisciplinaria a quienes han sido víctimas y garantizar el acceso a servicios de apoyo psicológico y asesoría legal.
Desde esta perspectiva, el modelo ecológico-sistémico se presenta como una de las aproximaciones más eficaces para la intervención social en la prevención del acoso escolar. Este modelo, basado en una visión holística, permite comprender la violencia dentro de su contexto social e institucional y resalta la necesidad de abordarla desde distintos niveles: individual, familiar, escolar y comunitario.[12]
El desarrollo de programas de sensibilización dirigidos al es tudiantado, al personal docente, a las familias y a la comunidad resulta indispensable para transformar la percepción sobre el acoso y promover una cultura basada en el respeto y la igualdad.
En síntesis, el trabajo social debe asumir una intervención proactiva, tanto en la atención directa a las personas afectadas como en la formulación de políticas institucionales. Esto implica la elaboración de manuales de convivencia escolar, el diseño de procedimientos definidos y la implementación de programas educativos centrados en la equidad de género y la cultura del consentimiento.
Metodología
Para el desarrollo de esta investigación, se aplicó el proceso metodológico propuesto por Gregorio Rodríguez en su obra Metodología de la investigación cualitativa. 13 Este proceso se estructura en cuatro fases: preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa. A partir de este esquema, se organizó la metodología del estudio, adaptándola al contexto del acoso sexual escolar y a los objetivos planteados.
A continuación, se presenta la descripción detallada de cada una de las fases del proceso metodológico, con la exposición de las actividades realizadas, los enfoques utilizados y los instrumentos aplicados en cada etapa.
Fase preparatoria
Durante esta fase se establecieron los fundamentos de la investigación, donde se identificaron los enfoques teóricos que guiarían el proceso. De estos, se seleccionaron dos enfoques complementarios para el abordaje de las situaciones de vulneración sexual escolar: el trabajo social feminista y la teoría fundamentada. El primero permitió comprender esta proble-
dad de Cuenca, 2015).
13 Rodríguez Gómez, G., Gil Flores, J., y García Jiménez, E. Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: Aljibe, 1996, 61–77.
mática como una expresión de las desigualdades estructurales de género,[13] mientras que el segundo aportó un marco metodológico para construir conocimiento de manera inductiva.[14] Ambos enfoques facilitaron una comprensión amplia del fenómeno, desde una mirada estructural y empírica.
La selección del centro educativo fue otro elemento importante en esta fase. Se eligió una escuela pública de nivel secundario, ubicada en una zona vulnerable del Gran Santo Domingo. Esta elección respondió a su accesibilidad para realizar observaciones y aplicar los instrumentos, así como a las condiciones socioeconómicas y culturales del contexto, que pueden influir en la ocurrencia y abordaje de situaciones de acoso sexual. Este entorno permitió comprender cómo las dinámicas de poder y las estructuras sociales del espacio escolar inciden en la manifestación y gestión de estas problemáticas
Fase de trabajo de campo
En esta fase se implementaron las técnicas de recolección de datos dentro del centro educativo. El proceso inició con una visita al plantel para obtener la autorización formal y coordinar con las autoridades educativas la logística necesaria para aplicar los instrumentos previstos.
Durante esta etapa, la recolección de datos se llevó a cabo mediante una combinación de técnicas:
• Entrevistas semiestructuradas: Se realizaron entrevistas a 48 estudiantes, 3 docentes, 1 psicóloga y 1 orientadora. Las entrevistas abordaron temas como el reconocimiento de las agresiones de tipo sexual, las estrategias de intervención y el papel del trabajo social en la escuela. Las
entrevistas tuvieron una duración de 30 a 45 minutos en promedio. Además, se realizó una prueba piloto de las entrevistas en un grupo reducido de estudiantes y docentes para ajustar las preguntas y garantizar la claridad de los instrumentos antes de ser aplicados a la totalidad de los participantes. Las entrevistas se realizaron de manera individual, lo que permitió a los participantes expresar sus opiniones sin interrupciones.
• Grupo focal: Se organizó un grupo focal con 10 estudiantes del nivel secundario, con el fin de explorar sus percepciones sobre el fenómeno estudiado y las respuestas institucionales. Tuvo una duración de 1 hora en promedio.
• Observación no participante: Se llevó a cabo una observación no participante en el centro educativo seleccionado, lo que permitió registrar dinámicas escolares relacionadas con el acoso sexual y cómo se manejan las interacciones en el entorno escolar.
Se diseñaron formularios para cada caso, con el propósito de sistematizar la información sobre el conocimiento del acoso sexual, las experiencias vividas y las respuestas institucionales. Estos instrumentos fueron aplicados al estudiantado, al personal docente, a psicólogas y orientadoras. La validez de los formularios fue garantizada mediante la revisión de cuatro especialistas en trabajo social escolar, quienes fueron consultadas para verificar la pertinencia de las preguntas y orientar el desarrollo general de la investigación.
Los formularios incluyeron 18 preguntas para estudiantes, 16 para docentes, 13 para directivos y profesionales de la psicología, y 14 para profesionales del trabajo social. Algunos ítems del formulario estructurado abordaron aspectos relevantes, como:
• Frecuencia de situaciones de acoso observadas: «¿Con qué frecuencia ha observado situaciones que usted considera acoso sexual en su escuela? (Nunca, Rara vez, A veces, Frecuentemente)»
• Conocimiento sobre las políticas de prevención: «¿Está usted al tanto de las políticas de la escuela sobre acoso sexual? (Sí, No, No estoy seguro)»
• Percepciones sobre las respuestas institucionales:
«¿Cree que la escuela actúa de manera adecuada cuando se reporta un caso de acoso sexual? (Sí, No, No estoy seguro)»
Fase analítica
El análisis de los datos se basó en un enfoque cualitativo, mediante la codificación temática y la triangulación de información. También se realizó un análisis descriptivo de las respuestas obtenidas mediante los formularios estructurados, lo cual permitió generar estadísticas básicas como frecuencias y porcentajes. Este enfoque complementó el análisis cualitativo y facilitó la interpretación de la prevalencia de percepciones y actitudes en torno a la violencia sexual dentro del contexto escolar. En este artículo se optó por una presentación cualitativa de los hallazgos, para evitar recurrir a datos numéricos derivados de una muestra muy reducida.
Este proceso permitió identificar las principales categorías vinculadas con las variables del estudio, extraídas de los objetivos específicos de la investigación. Entre ellas se encuentran:
• Funciones del profesional de trabajo social en la intervención frente al acoso sexual escolar.
• Prevalencia y tipologías del acoso sexual escolar
• Percepción del acoso sexual escolar
• Factores contribuyentes y normalización de conductas inapropiadas
• Consecuencias del acoso sexual escolar en las victimas
• Respuestas institucionales y efectividad de las estrategias preventivas
Asimismo, se aplicó la triangulación de datos, con la comparación de la información recolectada a través de distintas fuentes: entrevistas, grupos focales, observaciones y formularios estructurados. Esta estrategia permitió reforzar la fiabilidad de los hallazgos y propició un análisis más sólido y coherente. La triangulación metodológica favoreció la construcción de conclusiones y permitió obtener resultados consistentes validados desde diferentes perspectivas.
Fase informativa
En la fase final, se sistematizaron los resultados en un informe que recoge tanto los hallazgos como las conclusiones derivadas del análisis realizado. Para la presentación de los resultados se utilizaron herramientas como Microsoft Word, para la redacción; Microsoft Excel, para la organización de los datos cuantitativos del formulario estructurado; y Microsoft PowerPoint, para la exposición visual de las conclusiones ante el equipo docente del centro educativo.
Asimismo, en esta etapa se formularon recomendaciones fundamentadas en los hallazgos, con el objetivo de fortalecer las intervenciones ante comportamientos sexuales indebidos en los centros educativos y de mejorar las políticas de prevención en el ámbito escolar.
Consideraciones éticas
Se obtuvo el consentimiento informado de todas las personas participantes y, en el caso de estudiantes menores de edad, se solicitó la autorización correspondiente a madres, padres o personas tutoras. Se garantizó que la participación fuera voluntaria y que cada persona tuviera la libertad de retirarse del estudio en cualquier momento, sin consecuencias negativas. Asimismo, se aseguró la confidencialidad de la información y se explicó que los datos serían utilizados solo con fines inves-
tigativos y analíticos. También se garantizó que los nombres de las personas participantes no fueran divulgados.
Limitaciones del estudio
Este estudio presenta algunas limitaciones que deben tenerse en cuenta al momento de interpretar los resultados. En primer lugar, el análisis se centró en un único centro educativo, lo cual restringe la posibilidad de generalizar los hallazgos a otros contextos escolares. No obstante, investigaciones futuras podrían ampliar la muestra a múltiples centros, lo que permitiría una visión más representativa. Además, al tratarse de un estudio basado en datos cualitativos, no fue posible cuantificar algunos aspectos del fenómeno. Para superar esta limitación, se recomienda realizar estudios mixtos que integren métodos cualitativos y cuantitativos, a fin de lograr una comprensión más amplia y generalizable.
Discusión
Desde el marco legal, el Artículo 333-2 del Código Penal de la República Dominicana define el acoso sexual como «toda orden, amenaza, constreñimiento u ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual, realizado por una persona (hombre o mujer) que abusa de la autoridad que le confieren sus funciones». En el ámbito escolar, esta problemática se manifiesta en diversos niveles de gravedad, que van desde insinuaciones verbales y comentarios con connotación sexual, hasta contactos físicos no consentidos.16
En cuanto a la magnitud del problema, diversos estudios revelan su prevalencia en los centros educativos. Según el Estudio de prevalencia, tipología y causas de la violencia en los centros educativos de básica y media de la República Dominicana, los incidentes de índole sexual entre estudiantes de escuelas públicas alcanzan un 14.2 %. Aunque esta cifra es menor en comparación con otras formas de violencia escolar,
16
como el acoso entre pares (33.6 %) o la violencia general en el sistema educativo (69 %), las consecuencias psicopatológicas a largo plazo del abuso sexual lo convierten en un problema de alta relevancia.[15]
De manera complementaria, datos oficiales recientes del Ministerio de Educación de la República Dominicana corroboran la gravedad del problema, al registrar 399 casos de acoso y abuso sexual durante el año escolar 2022-2023. De estos casos, 316 estuvieron relacionados con la difusión o el uso de material pornográfico dentro de los recintos escolares.[16]
En cuanto a las acciones institucionales, durante el año escolar 2023-2024, 32 docentes fueron desvinculados o suspendidos por situaciones relacionadas con vulneraciones sexuales, debido al incumplimiento de normativas, como el Código de Ética del MINERD, Ley 136-03 y la Ley 66-97. Las sanciones consistieron en destituciones y suspensiones sin remuneración, y seis docentes se encuentran en proceso judicial.[17]
En los últimos años, el acoso en línea ha cobrado mayor relevancia, impulsado por el creciente acceso del estudiantado a dispositivos digitales y redes sociales. Esta forma de violencia amplifica sus consecuencias, ya que extiende el hostigamiento más allá del espacio físico escolar y provoca estrés y ansiedad en las personas afectadas. Esta situación dificulta la denuncia de los casos y perpetúa la tolerancia hacia dichas conductas.
Como consecuencia, diversos estudios han asociado estas manifestaciones de acoso con un deterioro significativo en el bienestar del estudiantado, lo cual impacta su desarrollo personal, social y académico. Las víctimas suelen experimentar dificultades para concentrarse, disminución en su rendimiento escolar y una creciente sensación de vulnerabilidad dentro del entorno educativo.[18]
En consonancia con lo anterior, en México se ha observado que el estudiantado no siempre reconoce comportamientos como el acoso verbal o las miradas lascivas como formas de violencia de género, lo que sugiere una homogeneización de estas conductas en el entorno educativo.[19]
Asimismo, el temor a represalias y la limitada confidencialidad en los canales de denuncia refuerzan la inacción institucional y propician un ambiente en el que muchas personas afectadas optan por guardar silencio ante la percepción de un sistema ineficaz.22
Ahora bien, resulta importante analizar otros factores interrelacionados que propician que las acciones sexuales incorrectas pasen desapercibidas o sean minimizadas en el entorno escolar. Entre ellos se destacan la exposición temprana a contenidos pornográficos, la ausencia de educación sexual sistémica, la permanencia de patrones culturales arraigados y la minimización del acoso por parte de personas adultas. Estos elementos favorecen un entorno propicio para la perpetuación de estas conductas no apropiadas.
En efecto, se ha señalado que el personal docente y administrativo de las escuelas públicas dominicanas aún sostiene creencias que minimizan la gravedad de las expresiones de dominio ejercidas mediante la sexualidad en el ámbito esco-
22
lar. Esta percepción incide en la respuesta institucional, dado que en muchos casos la violencia tiende a ser subestimada o ignorada.23
De igual manera, Kerman señala que el personal docente tiende a atribuir las causas del acoso escolar a la influencia familiar y al entorno social, factores que repercuten en el diseño y la aplicación de las estrategias preventivas dentro de los centros educativos.24 En consecuencia, los docentes asumen que la intervención corresponde a otras instancias, lo que limita la implementación de respuestas efectivas.
Además, la ausencia de programas de educación sexual en las escuelas constituye un factor que agrava esta problemática. Un artículo publicado en Hoy Digital señala que el 80 % de las personas jóvenes que consumen pornografía manifiestan comportamientos sexuales agresivos, lo que indica una preocupante correlación entre la exposición a estos contenidos y la internalización de modelos de relación basados en la coerción y el dominio. Asimismo, UNICEF advierte que esta falta de formación deja a adolescentes sin herramientas para reconocer situaciones de abuso, lo que incrementa el riesgo de reproducir patrones de dominación en sus vínculos interpersonales.25
Desde una perspectiva internacional, diversos estudios respaldan estas observaciones. Una investigación desarrollada por la Universidad de León evidenció que la vestimenta de una mujer influye en la atribución de culpa en casos de agresión sexual, en especial entre personas con altos niveles de sexismo.26
En esa misma línea, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha indicado que las prácticas de abuso sexual en el entorno escolar pueden manifestarse mediante chantaje, al condicionar beneficios por favores sexuales, lo cual refuerza el control sobre las personas afectadas.27
Por tanto, este tipo de situaciones revela la necesidad de implementar procedimientos de denuncia accesibles y fortalecer la educación en valores y derechos. Estudios internacionales han demostrado que la violencia en las escuelas refleja, en muchos casos, dinámicas de poder arraigadas en la comunidad y la familia, lo cual perpetúa ciclos de abuso y silencio.[20]
De manera más amplia, la tolerancia social frente a las agresiones sexuales se extiende al entorno familiar y comunitario, generando efectos negativos en la vida cotidiana de quienes las sufren. Para desmontar estos estereotipos y fomentar una cultura preventiva, el enfoque educativo debe incluir contenidos sobre respeto, consentimiento, igualdad de género y participación comunitaria.
Otro ejemplo es el estudio realizado en Oaxaca, México, donde se evidenció que el estudiantado que no recibió educación sexual inclusiva fue más propenso a involucrarse en conductas sexuales de riesgo, mientras que quienes contaban con una formación académica presentaron una disminución significativa en la incidencia de embarazos en la adolescencia.[21]
En tal sentido, es importante reconocer que el hostigamiento sexual en el entorno escolar constituye una problemática de gran envergadura, cuyos efectos pueden prolongarse hasta la adultez. Sus repercusiones afectan de manera negativa la autoestima de las personas afectadas y dificultan el establecimiento de vínculos interpersonales saludables.30
Desde una perspectiva psicológica, estas situaciones de vulneración provocan consecuencias como ansiedad, depresión e incluso pensamientos suicidas en los casos más severos. Entre las secuelas más frecuentes figuran el aislamiento so-
30
cial, el deterioro del rendimiento escolar y el debilitamiento de la salud mental.[22]
De manera alarmante, diversas investigaciones han reconocido una relación directa entre el acoso sexual y el incremento de embarazos en adolescentes. Según Fundamind y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2020 se registraron 1,422 embarazos entre estudiantes, de los cuales 113 correspondieron a casos de violación y 30 a incesto, lo que deja en evidencia la gravedad estructural de este fenómeno.[23]
No obstante, estos datos reflejan no solo la magnitud del problema, sino también las barreras que enfrentan las adolescentes para acceder a mecanismos de protección, pese a la existencia de normativas como la Ley 136-03, que garantiza los derechos de la niñez y la adolescencia. Asimismo, la exposición prolongada al acoso incrementa el riesgo de afecciones en la salud, como infecciones de transmisión sexual, embarazos no planificados y abortos en condiciones inseguras.[24]
Asimismo, en muchos casos, las personas afectadas recurren a conductas de riesgo, como el consumo de sustancias psicoactivas, como mecanismo para evadir el malestar emocional provocado por la violencia vivida. Estas prácticas contribuyen a perpetuar un ciclo de daño emocional y social, cuya superación exigirá intervenciones urgentes.[25]
Además, el miedo constante y la sensación de vulnerabilidad hacen que muchas adolescentes eviten ciertos espacios y situaciones por temor a ser acosadas otra vez, lo que restringe
su libertad de desplazamiento y autonomía personal. Esta percepción de indefensión se intensifica cuando el entorno escolar o la sociedad minimiza el acoso, lo cual contribuye a consolidar la idea de que la violencia es inevitable. Conforme señalan Plata Ordóñez y colaboradores, muchas víctimas terminan por internalizar la violencia sufrida, lo que refuerza patrones de autodevaluación y obstaculiza su desarrollo.[26]
En el ámbito legal, la Ley No. 24-97 introdujo modificaciones en el Código Penal para tipificar el acoso sexual e imponer sanciones a sus distintas manifestaciones. No obstante, su aplicación efectiva enfrenta obstáculos importantes, en particular por la ausencia de procedimientos concretos en los centros educativos y la limitada capacitación del personal docente y administrativo en materia de prevención y respuesta.[27]
Según Hernández, Jiménez y Guadarrama, la falta de reglamentos adecuados ha generado una sensación de impunidad entre las personas afectadas y ha debilitado la confianza en el sistema educativo.[28] Entrevistas realizadas al estudiantado sustentan que las sanciones impuestas a los agresores suelen ser insuficientes o inexistentes, lo que contribuye a la persistencia de la tolerancia institucional hacia el acoso.
Como consecuencia, la falta de medidas efectivas contribuye a que parte del personal docente minimice la gravedad del problema o no lo considere una prioridad. Esta ausencia de estrategias concretas impide el desarrollo de respuestas adecuadas dentro de los centros educativos.
En el contexto dominicano, se ha identificado la persistencia de creencias que subestiman las repercusiones de los comportamientos sexuales inadecuados, lo cual refuerza la inacción institucional y limita la capacidad de los centros educativos para implementar estrategias eficaces de prevención y atención. Para enfrentar esta problemática, es imprescindible fortalecer la formación del personal docente y establecer marcos de actuación estandarizados que garanticen respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de acoso.[29]
Además, los procedimientos para presentar denuncias sobre interacciones sexuales no consentidas en los centros educativos no siempre resultan efectivos, ya que muchas personas afectadas temen represalias. Los hallazgos del grupo focal revelaron que, en la mayoría de los casos, la respuesta institucional se limita a acciones superficiales, como conversaciones con el agresor o advertencias, sin garantizar una protección efectiva para quienes experimentan este tipo de violencia.[30]
Ante esta situación, el Ministerio de Educación (MINERD) ha reconocido la importancia de abordar la violencia escolar de manera estructurada. En mayo de 2023, se realizó un encuentro con diversas instancias del ministerio para socializar el Protocolo de Respuesta a Situaciones de Violencia de Género Relacionada con la Escuela (PRSVGRE). Este instrumento busca establecer procedimientos estructurados y garantizar la protección de menores en el entorno escolar, con el objetivo de lograr una intervención más efectiva frente a los casos de acoso y violencia de género.[31]
No obstante, a pesar de los esfuerzos institucionales, especialistas del Centro de Estudios de Género (CEG) del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) han señalado la urgente necesidad de desarrollar políticas más específicas y establecer lineamientos precisos para abordar el acoso y la violencia en las escuelas dominicanas.[32][33] Según sus análisis, durante décadas se ha evitado la formulación de marcos normativos desde una perspectiva educativa que garantice la seguridad del estudiantado, en especial de las niñas y adolescentes.
Por consiguiente, transformar esta realidad requiere que las políticas incluyan capacitación continua para el personal docente, así como la implementación de procedimientos confidenciales y seguros para la notificación de casos. Asimismo, se hace urgente fomentar una cultura institucional de tolerancia cero frente a los actos sexuales no deseados, con el propósito de consolidar una estructura escolar en la que las personas afectadas se sientan protegidas y respaldadas.
De igual importancia, es necesario desmontar los mitos y estereotipos de género que todavía persisten en el entorno educativo y que contribuyen a minimizar la gravedad del acoso. Esto implica dotar al personal educativo de herramientas concretas y formación especializada que les permita abordar estas situaciones de manera objetiva y profesional, sin prejuicios ni sesgos culturales.
Cabe destacar que las manifestaciones de violencia de género de carácter sexual en el ámbito escolar no constituyen un problema exclusivo de la República Dominicana, sino que afectan a múltiples sistemas educativos en América Latina. Según la UNESCO, una proporción significativa de estos países carece de criterios definidos para abordar esta problemática, lo que genera un entorno de desprotección comparable al contexto dominicano.[34]
Un ejemplo de ello se observa en México, donde un estudio realizado por Ramírez et al. evidenció que, en ausencia de normativas delimitadas, los casos de acoso suelen ser gestionados de forma discrecional por las autoridades escolares. Esta falta de uniformidad favorece la impunidad y dificulta la implementación de estrategias preventivas eficaces.[35]
Por contraste, países como Finlandia han adoptado enfoques proactivos que combinan la educación temprana en equidad de género con la implementación de canales accesibles y seguros para reportar casos de acoso. Estas estrategias han demostrado ser muy efectivas en la creación de entornos escolares protegidos contra la violencia sexual y permiten una intervención rápida y eficiente por parte de las autoridades educativas.[36]
Resultados
Los hallazgos obtenidos a partir de las entrevistas y del grupo focal realizados en el centro educativo analizado se organizan en cinco apartados, con el objetivo de facilitar una comprensión amplia del fenómeno investigado. En primer lugar, se presenta la prevalencia y las tipologías del acoso sexual escolar identificadas por las personas participantes. En segundo lugar, se expone la percepción de los distintos actores sobre esta problemática. En tercer lugar, se analizan las respuestas institucionales y la efectividad de las estrategias preventivas implementadas. En cuarto lugar, se abordan los factores que contribuyen a la persistencia y aceptación silenciosa de acciones sexuales incorrectas, y se describen las principales consecuencias para las personas afectadas. Prevalencia y tipologías del acoso sexual escolar
En cuanto a la prevalencia de situaciones de presión sexual indebida, los resultados obtenidos en el centro educativo analizado (n=45) indican que la mayoría del estudiantado entrevistado (80 %) manifestó no haber experimentado conductas abusivas de índole sexual. No obstante, resulta preocupante que un 20 % afirmara haber sido víctima de este tipo de situaciones, lo que respalda que el fenómeno está presente en el entorno escolar y requiere una atención urgente.
Al profundizar en las tipologías identificadas por el estudiantado, emergieron seis manifestaciones específicas, las cuales no solo se refieren a acciones puntuales, sino que revelan dinámicas complejas que combinan abuso de poder, manipulación y violación del consentimiento.
En primer lugar, se identificó el acoso sexual verbal, caracterizado por expresiones o comentarios impropio de contenido sexual. Durante una entrevista individual, una estudiante señaló: «Es cuando una persona te dice palabras obscenas como ‘qué buena estás’, ‘qué culo tan grande tienes’, etc.». A esto se suman otras expresiones, como burlas, piropos callejeros, lenguaje vulgar, insinuaciones ofensivas o comentarios sobre el cuerpo, que generan incomodidad e incomprensión en el entorno escolar. Esta percepción fue compartida por docentes, quienes mencionaron como frecuentes chistes o comentarios sexuales en el ambiente educativo. Asimismo, se indicó que en ocasiones se producen «expresiones que refuerzan estereotipos sexuales», sin que sean reconocidas de inmediato como acoso por parte de toda la comunidad escolar.
En segundo lugar, se identificó el acoso sexual no verbal, expresado a través de miradas insistentes, gestos sugestivos o comportamientos que generan vulnerabilidad emocional. En entrevista individual, una participante ejemplificó: «Cuando un chico le mira fijamente a una chica sin tocarla». Asimismo, en el grupo focal se señalaron situaciones como solicitudes insistentes de contenido íntimo, tomas de fotografías sin consentimiento o conductas visuales invasivas, que afectan la integridad de las personas sin necesidad de contacto físico. Desde la perspectiva psicológica, se destacó que estas formas de acoso, aunque silenciosas, generan elevados niveles de malestar emocional, en particular en adolescentes en proceso de construcción de su identidad.
Asimismo, el acoso sexual físico fue reconocido por el estudiantado entrevistado, quienes mencionaron contactos físicos incorrectos o no consentidos. Una entrevistada expresó con claridad esta tipología: «El acoso sexual es cuando estás siendo manoseada por una persona, ya sea tu familia o no». En el grupo focal se agregaron otras manifestaciones, como tocar partes íntimas, dar nalgadas, acariciar sin consentimiento o invadir el espacio corporal sin autorización. Esta categoría también fue validada por el personal docente, que señaló como formas comunes de acoso físico el «tocar o acariciar a otra persona de manera sexual intencionalmente», así como «las situaciones donde los límites del contacto corporal no son respetados por parte de pares o incluso adultos».
También se identificó el acoso sexual psicológico, caracterizado por amenazas, chantajes o manipulación emocional dirigidos a infundir miedo o ejercer control sobre la persona afectada. Esta manifestación quedó reflejada en las palabras de una estudiante entrevistada: «Es cuando te amenazan con violación o te dicen cosas para asustarte». Otros estudiantes en el grupo focal mencionaron situaciones de vigilancia, persecución, presión psicológica y utilización del miedo como herramienta de control por parte del agresor. Estas dinámicas fueron reconocidas por el personal psicopedagógico como «mecanismos de sometimiento que muchas veces no se denuncian por temor o vergüenza, lo cual agrava la vulnerabilidad de las víctimas».
La quinta tipología, denominada acoso sexual por coerción, se refiere a la presión ejercida mediante promesas, recompensas o amenazas para obtener favores sexuales. En entrevista individual, una estudiante compartió una experiencia cercana que ejemplifica esta forma de acoso: «Mi amiga Michelina, su novio la acosa y le dice que la va a matar o golpear cuando ella no quiere tener relaciones sexuales con él». En el grupo focal también se mencionaron situaciones de soborno y forzamiento mediante influencia afectiva o económica. En este sentido, el personal profesional del centro indicó que, en algunos casos, se identifican «relaciones desiguales donde el agresor utiliza su cercanía emocional para ejercer presión, utilizando frases como ‘si no estás conmigo, te voy a hacer daño’ o apelando a la culpa y la amenaza como herramientas de coerción».
El estudiantado también identificó el acoso sexual por intimidación, caracterizado por el uso del poder, la autoridad o una posición jerárquica para generar un ambiente hostil, discriminatorio o de control sobre la persona afectada. Una participante manifestó que esto ocurre «cuando estamos en el centro educativo y algún maestro o personal del centro intenta tocarte o amenazarte sin que estés de acuerdo». Este tipo de acoso también puede incluir humillaciones, amenazas veladas, presión ejercida por figuras adultas o familiares, e incluso comentarios sexistas por parte del personal escolar. En este sentido, algunas personas docentes reconocieron que, en determinadas ocasiones, este tipo de conductas han sido «minimizadas o justificadas por parte de la comunidad escolar, contribuyendo a su normalización».
El estudiantado también identificó el acoso sexual digital, manifestado a través de la solicitud de imágenes íntimas, mensajes con contenido sexual explícito y la difusión no consentida de fotografías o videos mediante redes sociales. Esta forma de acoso se considera una extensión de las agresiones físicas y psicológicas, con un alcance más amplio debido al uso de plataformas tecnológicas. Durante las entrevistas, se mencionaron situaciones como «cuando te piden fotos íntimas» o «cuando usan las redes sociales para acosarte o difundir imágenes sin tu permiso». Asimismo, en el grupo focal se señalaron casos en los que se ejerce presión mediante el uso del teléfono móvil para obtener contenido íntimo. Desde la perspectiva docente, también se reconoció esta tipología como una forma grave de violencia, expresada mediante «la publicación o circulación de imágenes de connotación sexual». Este tipo de acoso incrementa la vulnerabilidad de las personas afectadas, ya que trasciende el espacio escolar y se prolonga en el tiempo, lo cual impacta su seguridad emocional y social.
Estas tipologías no se presentan de forma aislada; los testimonios analizados sustentan que, en muchos casos, las formas de acoso coexisten y se superponen, lo cual dificulta aún más su abordaje institucional. Las voces del estudiantado revelan una comprensión clara del fenómeno, así como una necesidad urgente de intervención educativa, acompañamiento psicológico y aplicación de sistema de intervención efectivos para la prevención y atención de estas situaciones. Esta necesidad es respaldada por docentes y profesionales de la psicología, quienes, aunque reconocen las múltiples manifestaciones del hostigamiento sexual escolar, también subrayan la importancia de «continuar fortaleciendo los espacios de formación, sensibilización y respuesta inmediata frente a estos casos».
Percepción del acoso sexual escolar
La percepción de los actos de acoso de carácter sexual presenta múltiples dimensiones que se relacionan con los distintos actores que intervienen en el entorno educativo. Desde la perspectiva institucional, se reconoce como un problema serio que requiere acciones inmediatas y políticas explícitas para la prevención y sanción. En este sentido, durante las entrevistas individuales, varios estudiantes señalaron que en el centro educativo se insiste en la importancia de denunciar cualquier conducta inapropiada, tal como lo expresó un estudiante: «En la escuela siempre nos dicen que debemos denunciar rápidamente cualquier conducta sospechosa o situación de acoso sexual». Otro estudiante indicó: «Me han dicho que cualquier cosa que me pase o suceda, tengo la confianza de contarle». No obstante, en el grupo focal algunas personas manifestaron que, en ocasiones, las denuncias no reciben una atención oportuna o adecuada por parte de las autoridades, lo que genera desconfianza en el sistema institucional de respuesta.
El estudiantado también destacó que en el centro educativo se desarrollan acciones como charlas de sensibilización, proyección de videos, dramatizaciones y orientación sobre los modelos de respuesta frente al acoso sexual. Estas prácticas son valoradas de manera positiva, aunque se reconoce que su alcance aún es limitado, ya que algunas personas manifestaron no haber recibido información formal al respecto. Esta apreciación es compartida por docentes y profesionales de la psicología, quienes señalaron el uso de «talleres y charlas», «campañas en el centro, protocolo de intervención, sensibilización a la familia, concientización sobre instituciones competentes», así como «charlas sobre prevención, diálogo grupal y trabajo con los valores» como estrategias empleadas para abordar esta problemática en el centro educativo.
Desde el ámbito familiar, según las respuestas de las personas entrevistadas, las conductas sexistas de carácter agresivo son percibidas en particular como una amenaza que afecta la seguridad física y emocional de sus hijos e hijas, por lo que madres y padres tienden a ser cautelosos y preventivos en sus recomendaciones. Una participante expresó en entrevista individual: «Mi mamá me insiste en que nadie tiene derecho a tocar mi cuerpo y que siempre debo hablar con ella o algún adulto si eso pasa». Otro estudiante relató: «Si alguna vez alguien trata de tocarme, que no me deje y que hable de inmediato con ellos u otro adulto». Además, se enfatiza que esta orientación incluye desconfiar incluso de personas cercanas: «No dejarnos manosear de nadie, ya sea de la familia o compañeros». En este sentido, profesionales de la psicología señalaron que las personas afectadas tienden a recurrir a quienes consideran figuras de confianza, siendo habitual que acudan a «la maestra o maestro, psicólogo/a u orientadora/ or», o incluso, según una psicóloga entrevistada, a «las personas que tienen más confianza» dentro de su entorno más cercano.
Sin embargo, en el grupo focal se identificaron estudiantes cuyas familias no abordan con suficiente profundidad este tema, lo que genera vacíos en la orientación preventiva. En estos casos, algunas personas manifestaron que se informan por iniciativa propia: «No me han dicho nada, pero yo personalmente investigo sobre el tema». Estas diferencias reflejan desigualdades en la educación sexual brindada en el entorno familiar, donde el enfoque puede variar según el género del hijo o la hija. El personal docente señaló que, en determinados contextos, el acoso es percibido como un problema lejano o es minimizado, lo que produce «respuestas ambivalentes que dificultan la intervención oportuna».
En cuanto a la sociedad en general, se percibe una postura inconsistente y contradictoria frente a la violencia sexual en el entorno escolar. Por un lado, la sociedad condena cualquier forma de acoso, al reconocerla como una conducta grave y perjudicial. Pero, persisten prejuicios que tienden a responsabilizar a las personas afectadas, lo cual dificulta la denuncia efectiva. Una estudiante ejemplificó esta percepción problemática al señalar: «Mucha gente piensa que las víctimas provocan el acoso con la manera de vestirse o comportarse». Este juicio moralista, basado en estereotipos de género, también fue expresado en otros testimonios, donde algunas estudiantes afirmaron que «por la forma de vestimenta que utilizas también vienen las provocaciones». Este tipo de discurso evidencia cómo ciertas conductas son asumidas como tolerables y valida el modo en que los mensajes sociales pueden contribuir a la culpabilización de las víctimas y al silenciamiento de los casos. En este sentido, profesionales de apoyo educativo han manifestado la necesidad de «reforzar los espacios de formación sobre consentimiento y respeto a la integridad», ya que los mensajes que circulan en los espacios sociales (físicos y digitales) pueden influir en la manera que se percibe el acoso.
Desde la perspectiva del estudiantado, las interacciones sexuales no consentidas en el entorno escolar se perciben como un fenómeno complejo que abarca comportamientos diversos, desde los más evidentes hasta los más sutiles. Durante el grupo focal, las y los estudiantes señalaron que cualquier conducta que viole su privacidad personal, aunque parezca inofensiva, debe considerarse acoso. Un estudiante lo expresó con claridad: «Si alguien insiste en bromear conmigo sobre cosas sexuales o intenta tocarme jugando, eso es acoso porque me hace sentir incómodo y vulnerado». Otros participantes coincidieron en que las miradas insistentes, los comentarios con doble sentido, el contacto físico no solicitado y las bromas sexualizadas son formas evidentes de acoso que, aunque se presenten como juegos, afectan de manera emocional a quien las recibe. Esta percepción indica una creciente conciencia sobre los límites personales, la importancia del consentimiento y la necesidad de construir relaciones respetuosas dentro del entorno escolar.
Además, muchas personas estudiantes interpretan el acoso no solo como un acto individual, sino como un problema estructural que requiere una respuesta institucional y colectiva más contundente. Esta visión es compartida por el personal docente, quienes manifestaron que «es necesario seguir promoviendo la formación docente para identificar señales de acoso y responder con estrategias efectivas», y por el equipo profesional de psicología, que coincide en que «el abordaje del acoso debe estar integrado a una política educativa clara y sostenida, con participación de toda la comunidad escolar».
Respuestas institucionales y efectividad de las estrategias preventivas
Respecto a las respuestas institucionales frente a la violencia sexual en el ámbito escolar, las personas participantes del estudio mencionaron diversas estrategias implementadas en el centro educativo analizado. Según las entrevistas, la mayoría del estudiantado reconoció que el centro desarrolla charlas educativas, campañas de sensibilización y acciones formativas como parte primordial de sus esfuerzos preventivos. En entrevista individual, una estudiante expresó: «Hemos tenido charlas con psicólogos y maestros que nos hablan sobre cómo actuar ante situaciones de acoso sexual». Asimismo, algunas personas en el grupo focal destacaron el uso de recursos audiovisuales, dramatizaciones y videos ilustrativos como herramientas para reforzar el aprendizaje. Esta percepción fue confirmada por docentes y profesionales de la psicología, quienes señalaron como técnicas habituales “charlas sobre prevención, diálogo grupal, trabajo de los valores, programas”.
Además de las charlas, se destacó la existencia de lineamientos de actuación para prevenir y atender situaciones relacionadas con conductas sexuales abusivas. Según indicó una participante: «La maestra nos dice que, si ocurre algo, debemos denunciarlo inmediatamente a nuestros padres o autoridades escolares», lo cual demuestra que ciertos procedimientos son conocidos y difundidos entre el estudiantado. En el grupo focal también se mencionaron mecanismos complementarios, como la participación de personal de orientación, el desarrollo de campañas como «Maltrato Cero» o «Cuidado con el cuidado», y la coordinación con instituciones externas para fortalecer la capacidad de respuesta institucional. Estas acciones también fueron resaltadas por el personal educativo, que señaló: «sí, hay un protocolo que viene por la oficina nacional de Fe y Alegría donde se aplica cuando hay una detección de casos», así como que «Fe y Alegría cuenta con un protocolo de temas de cuidado con un personal capacitado para acompañar a las víctimas y a su familia». También se indicó que «los orientadores que tenemos en el centro desempeñan muy bien su papel», aunque se registraron opiniones divergentes, como la de un docente que afirmó: «No, entiendo que las psicólogas no han podido hacer el trabajo», lo cual refleja distintas valoraciones institucionales sobre el abordaje del acoso.
No obstante, el estudiantado también identificó problemáticas relevantes en relación con el tratamiento institucional de las denuncias y quejas vinculadas a situaciones de presión sexual indebida. Durante las entrevistas individuales, algunas personas expresaron insatisfacción con la manera en que el centro educativo gestiona estas acusaciones. Una estudiante afirmó: «Cuando denunciamos algo, muchas veces no se hace nada o no se toman en serio nuestras quejas», lo que pone de manifiesto deficiencias en la aplicación efectiva de los procedimientos existentes. En el grupo focal también se mencionó que, en ocasiones, se desconoce el seguimiento que se brinda a los casos reportados. Esta percepción fue reforzada por una profesional de la psicología entrevistada, quien señaló que «hay que seguir fortaleciendo el trabajo del centro educativo y su contexto, buscando alternativas para trabajar casos de abuso o acoso escolar».
En esa misma línea, durante el grupo focal se evidenció una percepción de falta de confidencialidad y temor a represalias al momento de realizar denuncias formales. Un participante expresó con claridad: «A veces tenemos miedo de denunciar porque creemos que van a divulgar quién hizo la denuncia y podemos recibir represalias». Este temor, también mencionado en las entrevistas individuales, representa un obstáculo importante para que las personas afectadas se animen a reportar los incidentes, lo que compromete la eficacia general de las estrategias preventivas. El personal profesional de psicología señaló que «la confidencialidad se maneja entre la familia, departamento de psicología y dirección», aunque también se reconoció que «en algunos casos solo se involucra a la familia y a la dirección nada más», lo cual podría resultar insuficiente si no se garantiza la privacidad del denunciante.
Por otra parte, la efectividad de estas estrategias es percibida de forma diversa por el estudiantado. Mientras algunas personas consideran que estas acciones han sido útiles para generar conciencia, fortalecer la capacidad de respuesta individual y promover la prevención, otras las perciben como insuficientes o poco sistemáticas. Esta diversidad de opiniones se refleja en expresiones como: «Nos han enseñado a cuidarnos, a no confiar en desconocidos y a denunciar cualquier situación de acoso sexual rápidamente», en contraste con comentarios como: «Aquí no hemos tenido charlas sobre ese tema, o al menos no lo suficiente». Asimismo, en el grupo focal se reportaron casos donde algunas personas indicaron no haber recibido información alguna, lo que indica la necesidad de garantizar que estas estrategias lleguen de manera equitativa a toda la comunidad escolar. En coherencia con lo expuesto, docentes y profesionales de la psicología coincidieron en que «es fundamental continuar promoviendo la formación docente para identificar señales de acoso y responder con estrategias efectivas», y que «el abordaje del acoso debe estar integrado a una política educativa clara y sostenida, con participación de toda la comunidad escolar».
En síntesis, aunque se reconoce la existencia de mecanismos institucionales para la prevención y atención de conductas sexuales no consentidas en los centros educativos, su implementación y efectividad presentan debilidades importantes. La falta de seguimiento, la percepción de impunidad y el temor a denunciar constituyen barreras que limitan el efecto real de las acciones preventivas. En este contexto, es preciso que las estrategias institucionales sean fortalecidas, sistematizadas y acompañadas de procesos formativos continuos, con garantías efectivas de confidencialidad y protección para las personas afectadas.
Factores contribuyentes y normalización de conductas inapropiadas
Los factores contribuyentes y la integración pasiva de conductas sexuales no apropiadas en la dinámica escolar resultan determinantes en la persistencia del acoso sexual. A partir de las entrevistas individuales y del grupo focal, el estudiantado identificó diversos elementos que facilitan o perpetúan estas conductas dentro del contexto educativo.
Uno de los factores más mencionados fue la minimización social de comportamientos no apropiados, que con frecuencia son interpretados como bromas o actos sin importancia. Esta estandarización se expresa en frases recurrentes como «eso fue jugando» o «fue solo una broma», que tienden a restar gravedad a los hechos. Una estudiante manifestó: «A veces piensan que es algo normal o una broma, pero realmente es algo serio y no debe tomarse a la ligera». Este tipo de discurso invisibiliza el daño causado y refuerza la tolerancia hacia conductas abusivas. En esta línea, docentes señalaron que «en determinadas ocasiones, este tipo de conductas han sido minimizadas o justificadas por parte de la comunidad escolar, contribuyendo a su normalización», lo que revela cómo ciertas prácticas se naturalizan incluso dentro del entorno educativo.
Otro factor identificado fue la cultura de culpabilizar a las personas afectadas, consolidada en el imaginario social. Esta percepción tiende a justificar al agresor y responsabilizar a la persona acosada por su forma de vestir, expresarse o comportarse. Como indicó una participante en entrevista individual: «Muchos creen que las chicas provocan el acoso sexual por la manera en que se visten o actúan». Esta idea también se reflejó en otros testimonios del grupo focal, donde se asociaba el uso de «ropa provocativa» con el origen del acoso, lo que refuerza estereotipos y dificulta la denuncia. En este mismo sentido, profesionales del centro educativo señalaron que «en ciertos sectores sociales se tiende a culpar a las víctimas, y eso dificulta la implementación efectiva de acciones de protección».
Asimismo, el estudiantado identificó que la ausencia de respuestas concretas y efectivas por parte de la institución educativa contribuye a la perpetuación del acoso sexual. La percepción de impunidad o de indiferencia institucional alimenta el sentimiento de desprotección y refuerza el comportamiento del agresor. Durante el grupo focal, un estudiante expresó: «Muchas veces no se hace nada cuando denunciamos, eso hace que el agresor piense que puede seguir haciendo lo mismo sin consecuencias». Esta sensación de inacción institucional, también reportada en entrevistas individuales, debilita la aplicación de los mecanismos existentes y disminuye la confianza del estudiantado en las autoridades escolares. Una profesional de la psicología señaló que «es necesario fortalecer el trabajo del centro educativo y su contexto, buscando alternativas para trabajar los casos de abuso o acoso escolar», para ello es menester reconocer las debilidades estructurales que dificultan el seguimiento adecuado de las denuncias.
Además, el desconocimiento sobre qué constituye el hostigamiento sexual fue señalado como un factor crítico. Algunas personas estudiantes indicaron que no siempre tienen claridad sobre cuáles conductas deben ser consideradas acoso, lo que incide en que estas conductas pasen desapercibidas o sean minimizadas. Un entrevistado señaló: «A veces no sabemos bien qué es acoso y qué no, porque nadie lo explica claramente, y eso hace que algunos comportamientos se vean como normales o inofensivos». Esta falta de claridad conceptual también se relaciona con la escasa frecuencia o profundidad de las acciones formativas, lo que limita la capacidad del estudiantado para identificar y rechazar prácticas sexuales impropias. En ese marco, profesionales entrevistados afirmaron que uno de los mecanismos más utilizados por los agresores es «decirle a la víctima que no cuente a nadie, amenazarla o chantajearla», y que muchas veces «la víctima no denuncia por miedo o porque no entiende del todo la gravedad de lo ocurrido».
En definitiva, los factores que contribuyen a que el acoso sexual escolar sea percibido como algo habitual se manifiestan tanto a nivel cultural como institucional. La trivialización de estas conductas, la culpabilización de las personas afectadas, la débil respuesta institucional y la falta de educación sexual clara y accesible se combinan para sostener un entorno donde estas prácticas pueden reproducirse sin consecuencias significativas. Superar estas barreras requiere fortalecer las acciones educativas, mejorar los procedimientos institucionales y transformar los imaginarios sociales que aún las justifican o minimizan. Tal como expresó un docente: «sí hay centros que están ubicados en sectores muy vulnerables, donde estas prácticas se ven como normales y no se denuncian con facilidad», lo que refuerza la necesidad de una intervención estructural más profunda y sostenida.
Consecuencias del acoso sexual escolar en las víctimas
Las consecuencias de los actos sexuales no consentidos, identificadas por el estudiantado durante las entrevistas individuales y en el grupo focal, presentan la gravedad del daño que experimentan las personas que son hostigadas y que no solo se compromete el bienestar inmediato de estas, sino que también repercuten en el desarrollo multidimensional.
En primer lugar, se evidenció que las personas afectadas pueden experimentar consecuencias emocionales severas, tales como ansiedad, depresión, miedo constante e inseguridad. Una estudiante expresó: «El acoso sexual puede hacer que las víctimas sientan miedo constante o ansiedad cada vez que van a la escuela». De igual forma, otras expresiones recogidas en las entrevistas destacaron que este tipo de situaciones «afectan mentalmente», pueden llevar a la víctima a «entrar en depresión» o generar consecuencias psicológicas duraderas. Esta dimensión emocional se manifiesta en una sensación de vulnerabilidad y temor que puede acompañar al estudiantado en su vida escolar cotidiana. Esta misma perspectiva fue sostenida por el personal docente entrevistado, que señaló que las consecuencias más comunes son de tipo «psicológicas y sociales», lo que indica que los efectos del acoso pueden persistir incluso cuando los hechos han cesado.
Asimismo, se identificó un resultado negativo en el rendimiento académico. Varias estudiantes afirmaron que las situaciones de acoso sexual afectan su capacidad de concentración y desempeño escolar. Una participante lo expresó de manera contundente: «Cuando sufres acoso sexual, es difícil concentrarte en los estudios, y esto afecta directamente el rendimiento académico». Esta relación entre acoso y bajo rendimiento también fue señalada por el personal docente entrevistado, quienes indicaron que uno de los principales signos de alerta es el «bajo rendimiento escolar y la depresión». Desde su experiencia, se ha observado que muchas estudiantes disminuyen su participación en clase o muestran apatía hacia los estudios como consecuencia directa del acoso sufrido.
Asimismo, el aislamiento social se presentó como una consecuencia frecuente en los testimonios del grupo focal. Las personas afectadas tienden a distanciarse de sus pares, evitan la interacción social y desarrollan una sensación de desconfianza hacia su entorno. Un estudiante expresó: «Muchas víctimas terminan aislándose porque sienten vergüenza o temor de que nadie les crea si hablan». Este retraimiento debilita sus redes de apoyo y aumenta su vulnerabilidad. En esta línea, el personal educativo también expresó que el acoso provoca efectos sociales, como pérdida de confianza en el entorno escolar, dificultades para establecer relaciones interpersonales y sentimientos de vergüenza o rechazo en quienes lo sufren.
Por otra parte, el estudiantado también señaló que los comportamientos sexuales indebidos pueden deteriorar la percepción del valor personal y la autoestima. Las personas afectadas tienden a interiorizar sentimientos de culpa o vergüenza, lo que genera inseguridad emocional. En entrevista individual, una estudiante manifestó: «El acoso sexual destruye tu autoestima y te hace sentir menos valiosa, porque empiezas a creer que quizás hiciste algo mal para merecerlo». Este efecto psicológico puede agravarse cuando quienes sufren acoso reciben comentarios que las responsabilizan, lo cual perpetúa el daño emocional. Una profesional de la psicología del centro educativo destacó que, con frecuencia, las víctimas «esconden lo que les pasa a sus padres o a un adulto cercano, sienten vergüenza y no se sienten seguras emocionalmente», lo que prolonga el malestar y dificulta su recuperación.
Se identificaron otras consecuencias indirectas, como la dificultad para establecer relaciones de confianza, el desarrollo de actitudes defensivas o retraídas y el temor a participar en espacios educativos donde las personas puedan sentirse expuestas. Estas consecuencias no solo afectan a nivel individual, sino que también generan un clima escolar hostil y poco seguro, que repercute de manera negativa en la convivencia general del centro educativo. Tal como expresó una docente entrevistada: «sufre de esconderse de sus padres o de un adulto cercano, no habla, no se relaciona igual con sus compañeros», lo que reafirma que el daño trasciende el plano individual.
Las consecuencias de las agresiones sexuales abarcan dimensiones emocionales, académicas y sociales, y conforman un cuadro complejo que requiere una atención integral. La prevención y el abordaje oportuno de estos casos no solo tienen como objetivo sancionar las conductas, sino también proteger la salud mental, el desarrollo educativo y el bienestar personal del estudiantado afectado.
Conclusiones
Los hallazgos de esta investigación confirman que el acoso sexual escolar constituye una problemática estructural que afecta múltiples dimensiones del desarrollo del estudiantado. Las evidencias recopiladas en el centro educativo analizado muestran que, si bien existen mecanismos institucionales orientados a prevenir y atender este tipo de situaciones, persisten limitaciones significativas que dificultan su implementación efectiva.
Las manifestaciones de este tipo de violencia incluyen insinuaciones verbales, comentarios de connotación sexual, contacto físico no consentido y acoso digital. En particular, este último ha adquirido una relevancia creciente debido al mayor acceso del estudiantado a plataformas digitales y redes sociales. Esta forma de hostigamiento amplifica el alcance del acoso y dificulta su prevención, ya que las personas afectadas pueden ser acosadas más allá del espacio escolar.
Los resultados del estudio muestran que el uso de lenguaje sexualizado y bromas de doble sentido favorece la aceptación silenciosa de la violencia de género en el entorno escolar y disminuye la percepción de la gravedad del acoso. Este tipo de expresiones refuerza estereotipos dañinos y crea un ambiente en el que el acoso se trivializa, se percibe como una conducta aceptable y como un juego inofensivo.
Además, la falta de vigilancia en estos espacios facilita la repetición de estas conductas sin consecuencias inmediatas para quienes las ejercen.
La insuficiente capacitación del personal docente, la falta de procedimientos explícitos para presentar denuncias y la ausencia de sanciones adecuadas perpetúan la problemática. Estos factores confirman la urgente necesidad de fortalecer las políticas de prevención e intervención en los centros educativos, con el fin de garantizar mecanismos efectivos para la protección del estudiantado.
También se ponen de manifiesto deficiencias significativas en la respuesta institucional. Aunque existen normativas generales sobre convivencia escolar, la ausencia de orientaciones específicas para gestionar denuncias limita la capacidad de los centros educativos para abordar de manera eficaz esta problemática.
Esta carencia genera desconfianza entre las personas afectadas, quienes no perciben el sistema escolar como un espacio seguro para denunciar los casos de acoso. La falta de estos mecanismos contribuye a la impunidad y al silenciamiento de quienes sufren este tipo de situaciones.[37]
El acoso digital se ha convertido en un desafío creciente dentro del entorno escolar, impulsado por el acceso generalizado del estudiantado a redes sociales y dispositivos electrónicos. La facilidad con que se pueden difundir imágenes, mensajes ofensivos o amenazas en línea amplifica el alcance del acoso, extendiéndolo más allá del espacio físico. Esta realidad subraya la necesidad de integrar estrategias específicas de prevención y respuesta en el entorno digital dentro de los programas de intervención escolar.
En este contexto, la presencia de profesionales del trabajo social en los centros educativos se presenta como un recurso imprescindible para la prevención y atención de los actos sexuales no deseados. Estos profesionales no solo brindan apoyo emocional a las personas afectadas y asesoran al personal docente, sino que también cumplen una función destacada en la mediación de conflictos y en la implementación de programas preventivos.
Su intervención facilita la articulación de redes de apoyo con otras instituciones, lo que permite un abordaje sistémico del problema. A través de esta colaboración, las personas afectadas pueden acceder a acompañamiento psicológico, asesoría legal y orientación social, lo que permite ofrecer una atención completa a sus necesidades.
Además, los y las profesionales del Trabajo Social contribuyen a la creación de un ambiente escolar seguro mediante la realización de talleres educativos, la promoción de la equidad de género y la sensibilización de la comunidad educativa sobre esta problemática. Estas acciones no solo fortalecen la prevención, sino que también fomentan un cambio cultural orientado a la erradicación del acoso en el entorno escolar.
El Trabajo Social resulta indispensable no solo para la atención de casos individuales de acoso escolar, sino también para el diseño e implementación de estrategias preventivas contextualizadas y sostenibles. Su intervención busca promover transformaciones estructurales que contribuyan a reducir la incidencia de la violencia en el entorno educativo.
Para que estas estrategias sean efectivas, es imprescindible un compromiso coordinado entre todos los actores involucrados: el Ministerio de Educación, los equipos directivos, el personal docente, las familias, el estudiantado y los profesionales del Trabajo Social. La participación conjunta de estas instancias permite fortalecer las políticas de prevención y garantizar mecanismos de respuesta adecuados.
Este esfuerzo colectivo resulta determinante para la construcción de espacios escolares libres de violencia, donde se respete la integridad y los derechos de niños, niñas y adolescentes. A través de acciones coordinadas, es posible consolidar un modelo educativo basado en la igualdad, el respeto y la protección del estudiantado.[38]
En el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley No. 1-12), se destaca la importancia de implementar políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia y a la promoción de la equidad de género en el sistema educativo. Estas iniciativas buscan garantizar entornos escolares seguros y fomentar una cultura de respeto y protección hacia el estudiantado.
Uno de los pilares de esta estrategia es el desarrollo de programas de formación dirigidos al personal docente y educativo, con el objetivo de sensibilizar y dotar de herramientas prácticas que permitan abordar estas problemáticas de manera eficaz y multidimensional.
Asimismo, se destaca la necesidad de establecer indicadores específicos de éxito, como la disminución de los casos de acoso reportados, la mejora en la percepción de seguridad del estudiantado y el incremento de la participación familiar en las actividades preventivas. Para asegurar la efectividad de estas estrategias, es indispensable implementar mecanismos de evaluación periódica que posibiliten monitorear los efectos de las medidas adoptadas y efectuar ajustes estratégicos que optimicen los resultados a largo plazo.[39]
Recomendaciones
Para enfrentar la violencia sexual escolar, es indispensable poner en práctica estrategias adaptadas al contexto educativo que favorezcan la prevención y respuesta efectiva ante esta situación. Estas medidas deben centrarse en la prevención, la detección temprana, con el objetivo de asegurar la protección a las víctimas.
Como primer paso, se recomienda la organización de talleres de formación en equidad de género, dirigidos a los distintos niveles del sistema educativo. Su objetivo es sensibilizar al estudiantado desde edades tempranas, promover los valores como el respeto, la igualdad y la convivencia armónica.
Para garantizar su efectividad, estos talleres deben incorporar metodologías adaptadas a cada grupo etario y utilizar enfoques dinámicos e interactivos que propicien una comprensión profunda del problema y fomenten la adopción de conductas basadas en el respeto y la no violencia.
Entre las acciones prioritarias se recomienda la creación de sistemas de denuncia anónimos que permitan al estudiantado reportar situaciones de acoso sin temor a represalias, así como la implementación de un marco de actuación efectivos para garantizar la protección de las personas afectadas.
Para fortalecer la prevención y el abordaje de los incidentes de carácter sexual, es indispensable que cada centro educativo cuente con profesionales del trabajo social capacitados y comprometidos con esta problemática. Estos profesionales deben asumir una función central en la coordinación de acciones preventivas, la gestión de procedimiento de denuncia y el acompañamiento a las personas afectadas. Asimismo, su labor debe incluir la sensibilización del personal educativo y de la comunidad escolar para garantizar un entorno seguro y libre de violencia.
El personal del trabajo social también tiene la responsabilidad de implementar normativas confidenciales, accesibles y seguros, que permitan a estudiantes, docentes y personal administrativo reportar cualquier incidente sin temor a represalias. Estos protocolos deben estar bien definidos, con procedimientos específicos para el seguimiento de los casos que aseguren el apoyo total a las personas afectadas y establezcan medidas disciplinarias eficaces frente a los agresores. La aplicación adecuada de estos mecanismos contribuirá a fortalecer la confianza institucional y a consolidar un ambiente educativo basado en el respeto y la protección de derechos.
Para fortalecer la respuesta institucional, se recomienda implementar un programa de capacitación continúa dirigido al personal educativo. Esta formación debe proporcionar herramientas eficaces para identificar, prevenir y actuar de inmediato ante situaciones de acoso.
Otra medida necesaria es la incorporación de módulos de educación sexual en el currículo escolar, adaptados a las distintas etapas del desarrollo del estudiantado. Estos módulos deben abordar no solo los aspectos biológicos de la sexualidad, sino también contenidos vinculados al consentimiento, las relaciones saludables, la prevención del acoso y la violencia de género. El personal del trabajo social debe participar de manera directa en su implementación, colaborar con el cuerpo docente, y velar por que el estudiantado adquiera los conocimientos y habilidades necesarios para protegerse y respetar a los demás.
Para reforzar la educación en equidad y la prevención del acoso, se recomienda el desarrollo de materiales educativos como guías, videos y actividades didácticas que promuevan el consentimiento y una cultura del respeto. Estos recursos deben integrarse tanto en el aula como en actividades extracurriculares, de modo que el aprendizaje sobre prevención del acoso sea continuo y accesible para todo el estudiantado.
Es prioritario que estos materiales involucren a las familias y a la comunidad, con el propósito de reforzar los mensajes preventivos y fomentar la corresponsabilidad en la erradicación del acoso. El personal del trabajo social tiene la responsabilidad de facilitar estos recursos y orientar al personal educativo sobre su adecuada utilización.
También debe promoverse la creación de espacios seguros dentro de las escuelas, gestionados por profesionales del trabajo social. Estos espacios deben permitir al estudiantado expresar situaciones de acoso y recibir apoyo emocional oportuno, así como brindar orientación especializada y recursos de apoyo adaptados a sus necesidades. Su existencia refuerza la cultura de prevención y fortalece la confianza institucional.
La implicación activa de las familias y de la comunidad constituye un factor significativo para consolidar entornos escolares seguros. La prevención del acoso no puede recaer solo en las escuelas; requiere la participación articulada de todos los actores sociales. En este sentido, los y las profesionales del Trabajo Social deben fomentar la coordinación entre escuelas, familias y organizaciones sociales, con el objetivo de fortalecer la comunicación y promover un enfoque colaborativo y de apoyo mutuo.
Este involucramiento puede concretarse mediante talleres, encuentros y actividades de sensibilización dirigidas a madres, padres y personas tutoras, que les permitan identificar señales de alerta, brindar apoyo emocional a sus hijos e hijas, y promover una cultura de respeto y protección en el entorno familiar y escolar.
El protagonismo del estudiantado debe ser fomentado mediante programas de formación que fortalezcan su capacidad para identificar y denunciar situaciones de acoso, así como para construir relaciones respetuosas basadas en el consentimiento y la equidad. La participación activa del alumnado se constituye en una herramienta de carácter obligatorio para transformar la cultura escolar.
Asimismo, para una intervención efectiva, el Trabajo Social debe articular acciones con las instituciones gubernamentales que integran el sistema nacional de protección, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, el CONANI y las fiscalías especializadas. Esta coordinación debe garantizar acompañamiento psicológico, asesoría legal y asistencia social a las personas afectadas, así como el diseño de estrategias conjuntas de prevención y mitigación que fortalezcan las políticas públicas y los canales institucionales de atención.
Finalmente, ante la creciente exposición a entornos digitales, resulta imprescindible establecer políticas concretas que regulen el uso de internet y redes sociales en el ámbito escolar. El Trabajo Social debe liderar estrategias educativas orientadas al uso responsable de estas herramientas, promover espacios de reflexión sobre el acoso digital y facilitar el acceso a servicios de apoyo psicológico y asesoría legal, para garantizar una protección sistémica frente a estas nuevas formas de violencia.
Bibliografía
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[1] Benítez Luzuriaga, B., M. Prado Ortega, H. Carvajal Romero y A. González Segarra, «El acoso sexual y su efecto en el entorno escolar en adolescentes de 12 a 16 años del Colegio Kléber Franco Cruz de la ciudad de Machala año 2023,» Revista Social Fronteriza 4, no. 4 (2024): e346. https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4(4)346.
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[3] Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), Estudio de prevalencia, tipología y causas de la violencia en los centros educativos de básica y media de la República Dominicana (Santo Domingo: IDEICE, 2014).
[4] Del Cano, Marcos, y Ana María Guerra Vaquero, coords., Derechos humanos y trabajo social (Madrid: Universitas, 2013).
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[13] Fernández Montaño, Patricia. «Trabajo Social Feminista: Una Revisión Teórica para la Redefinición Práctica.» Cuadernos de Trabajo Social 28, no. 2 (2015): 301–311.
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[16] Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), Boletín Estadístico sobre Casos de Acoso y Abuso Sexual en Escuelas Públicas 2022– 2023 (Santo Domingo: MINERD, 2023).
[17] Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), Informe de Medidas Disciplinarias en el Sistema Educativo Nacional 2023–2024 (Santo Domingo: MINERD, 2024).
[18] Vivanco, M., «El acoso sexual y su efecto en el entorno escolar en adolescentes,» Revista Social Fronteriza 3, no. 2 (2021): 45–60.
[19] Cortés Valdivia, J., Amaro Navarrete, M. E., y Puga Olmedo, J. C., «Factores psicosociales del acoso sexual escolar: una mirada desde el estudiantado,» Revista Internacional de Psicología y Educación 25, no. 3 (2023): 300–312.
[20] Eljach, L. J., Educación y violencia: el silenciamiento institucional del acoso escolar (Bogotá: Editorial Universidad de los Andes, 2011), 10.
[21] Castañeda-López, M., Jiménez Cortés, A., y Gómez Alvarado, P., «Educación sexual y prevención del embarazo adolescente en Oaxaca,» Boletín de Investigación Educativa de México 14, no. 3 (2022): 211–226.
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[23] Fundamind, Educar sexualmente desde el jardín previene abusos y embarazos no deseados (Buenos Aires: Fundamind, 2016); Organización Mundial de la Salud (OMS), Informe sobre salud adolescente y embarazo precoz (Ginebra: OMS, 2020).
[24] Centro de Derechos Reproductivos, Impacto del acoso sexual en la salud integral de adolescentes (Washington, DC: CDR, 2015).
[25] Méndez, M., Conductas de riesgo y salud mental en adolescentes víctimas de violencia sexual (Quito: Editorial Universitaria Andina, 2019).
[26] Plata Ordóñez, C., Riveros Otaya, J., y Moreno Méndez, L., «Secuelas psicológicas del abuso sexual: ansiedad, depresión y suicidio en adolescentes,» Revista Colombiana de Psicología Clínica 12, no. 1 (2010): 45–60.
[27] Mencía Ripley, A., «Aceptación de la violencia de género en docentes de escuelas públicas,» Revista Caribeña de Investigación Educativa 4, n.o 1 (2020): 23–38.
[28] Hernández Herrera, M. A., Jiménez García, J. C., y Guadarrama Tapia, M., Acoso escolar: diagnóstico, prevención y afrontamiento (México D.F.: Trillas, 2015).
[29] Ibid.
[30] Ramírez Fernández, L. A., y Barajas Ledesma, M. «Percepciones estudiantiles sobre acoso escolar y respuesta institucional.» Revista Latinoamericana de Educación Crítica 11, no. 2 (2017): 97–112.
[31] Ministerio de Educación de la República Dominicana. «MINERD socializa Protocolo de Respuesta a Situaciones de Violencia de Género Relacionada con la Escuela (PRSVGRE).» Mayo 16, 2023.
[32] Centro de Estudios de Género del INTEC, «Centro de Estudios de Género de INTEC recomienda implementar política de igualdad de género en todos los niveles educativos,» Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), mayo 5,
[33] .
[34] UNESCO, Directrices para la prevención de la violencia de género en instituciones educativas de América Latina (París: UNESCO, 2022).
[35] Ramírez Fernández, L. A., Barajas Ledesma, M., y González Ávila, C., Educación, violencia y normativas escolares: estudios de caso en México (Ciudad de
México: Universidad Pedagógica Nacional, 2017).
[36] UNICEF, Prevención de la violencia de género en entornos educativos: buenas prácticas internacionales (Nueva York: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2025).
[37] Mencía Ripley, A., «Aceptación de la violencia de género en docentes de escuelas públicas,» Revista Caribeña de Investigación Educativa 4, no. 1 (2020): 23–38.
[38] Águila Gutiérrez, M., Salazar, J., y Moreno Díaz, L., Trabajo Social e intervención comunitaria en contextos escolares (Madrid: Editorial Universitas, 2016).
[39] Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, Ley No. 1-12, República Dominicana, 2012.